Diputados federales a cargo de las comisiones de este sector afirman que no deben operar monopolios y que los precios tienen que ser accesibles.
Más que nuevas leyes, se necesita hacer cumplir las existentes para garantizar una regulación adecuada de la competencia en el autotransporte en autobús, a fin de generar condiciones de equidad en el ejercicio de un derecho constitucional.
Así lo plantearon los diputados federales Víctor Manuel Pérez Díaz y Patricia Mercado Castro, a cargo de comisiones encargadas de atender los asuntos relacionados con este sector.
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Desde la perspectiva del presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte, el derecho a la movilidad, reconocido en el Artículo Cuarto de la Constitución no implica que el Estado deba fijar precios o prestar directamente los servicios de transporte. “Le corresponde garantizar que ese derecho sea efectivo, a través de políticas públicas, regulación adecuada y condiciones de acceso equitativas”, definió.
Para el exalcalde de Santa Catarina en Nuevo León, con el marco jurídico vigente, el Estado puede y debe fortalecer el transporte público, mediante inversión, planeación metropolitana y subsidios focalizados cuando sea necesario; fomentando la competitividad del transporte privado concesionado, eliminando barreras regulatorias innecesarias, revisando esquemas de concesión y promoviendo condiciones de libre concurrencia.
Enumeró que también le corresponde al Estado la planeación y coordinación intergubernamental, conforme a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que obliga a los tres órdenes de gobierno a generar sistemas de movilidad accesibles, seguros y eficientes.
Expuso que con un entorno regulado se le da protección al consumidor y debe evitar controles tarifarios discrecionales. “El papel del Estado no es sustituir al mercado, sino evitar abusos, y para ello existen instituciones e instrumentos jurídicos claros”.
Al respecto se refirió a la Comisión Nacional Antimonopolio, encargada de prevenir y sancionar prácticas monopólicas, colusiones o concentraciones indebidas en el sector; la PROFECO, a cargo de proteger los derechos de los consumidores; y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que, al regular y otorgar concesiones, puede incidir en la duración de éstas y en los requisitos para permitir nuevos operadores.
En opinión de la diputada Mercado, con el marco jurídico actual podría ampliarse el ejercicio del derecho a la movilidad. “No necesitamos nuevas leyes, necesitamos hacer cumplir las que ya existen en materia de competencia económica y regulación del autotransporte”, afirmó.
Bajo la premisa de que cuando el transporte deja de funcionar como un derecho, se corre el riesgo de que se vea sólo como un negocio, la también excandidata presidencial enumeró necesario eliminar barreras, flexibilizar rutas, transparentar acceso y sancionar las practicas anticompetitivas.
Sostuvo la integrante de la bancada naranja en San Lázaro que de aplicarse esas medidas se tendrían más operadores, mayor competencia, y mejores precios y servicios. Para la responsable de la Comisión de Movilidad, no se trata de un tema económico solamente, sino de un problema que afecta el ejercicio del derecho constitucional a la movilidad.
Para la parlamentaria de MC, el Estado debe actuar. “No porque el mercado sea el enemigo, sino porque cuando se trata de derechos, el Estado no puede ser neutral”.
Recordó que la movilidad es un derecho constitucional y una condición básica para acceder a otros derechos. “Y los mercados no siempre se autorregulan; sin reglas claras tienden a concentrarse”.
Precisó la diputada Mercado sin embargo que la solución no es prohibir sino regular con un enfoque de competencia efectiva. “Tenemos instituciones para hacerlo ahora mismo: la Comisión Nacional Antimonopolios puede investigar, sancionar colusión, remover barreras y ordenar medidas correctivas para que exista competencia real”.
Detalló que PROFECO debe proteger a las personas consumidoras, vigilando las prácticas abusivas; a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes le toca regular permisos, concesiones y reglas operativas.
Fuente: Excelsior
