Los alcaldes desaforados de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos de Movimiento Ciudadano, se encontrarían prófugos mientras presuntamente preparan su defensa ante las investigaciones que mantiene en su contra la Fiscalía General del Estado (FGE).
Así lo afirmó el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, quien señaló que ambos exfuncionarios ya fueron separados de sus respectivos cargos luego de que el Congreso local aprobó retirarles el fuero constitucional el pasado 5 de agosto.
“Ahorita hay dos que están precisamente haciendo su defensa o prófugos porque están haciendo su defensa según ellos”, declaró el funcionario al ser cuestionado sobre el paradero de los exalcaldes.
Ahued Bardahuil indicó que la localización de ambos corresponde a la Fiscalía General del Estado, mientras que las administraciones municipales quedaron a cargo de los respectivos suplentes.
¿De qué se les investiga?
Raúl González Martínez es investigado por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán, ocurrido en junio pasado, de acuerdo con información publicada tras el proceso de desafuero.
Por su parte, Bertín Bravo Montero enfrenta una investigación por su presunta participación en la desaparición forzada del empresario Héctor Ramos Sánchez y su acompañante Ignacio López, ocurrida el 14 de mayo de 2026.
Ambos han rechazado los señalamientos en su contra. Antes del desafuero, Bravo Montero afirmó que no era delincuente y que demostraría su inocencia, mientras que González Martínez también ha cuestionado elementos de la investigación y negó tener relación con la periodista.
El Congreso de Veracruz aprobó el retiro del fuero de ambos alcaldes con 40 votos a favor y ocho en contra, lo que permitió que la Fiscalía pudiera continuar con los procedimientos correspondientes sin la inmunidad procesal.
El propio Congreso precisó que el desafuero no constituye una declaración de culpabilidad, sino el retiro de la inmunidad para que las autoridades competentes puedan continuar con las investigaciones y, en su caso, los procedimientos judiciales.
Mientras tanto, el secretario de Gobierno sostuvo que en Veracruz “no hay impunidad para nadie” y que corresponderá a la Fiscalía determinar la situación jurídica de los dos exalcaldes
Fuente: Xeu
