El exfiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, Guillermo Arturo Zuany Portillo, enfrenta órdenes de aprehensión tanto de la Fiscalía General de la República (FGR) como de la Fiscalía estatal, derivadas de las investigaciones por la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo realizado en la Sierra Tarahumara.
Así lo confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia mañanera, aunque evitó precisar los delitos que sustentan la orden de captura emitida por las autoridades federales.
«Las dos fiscalías cuentan con orden de aprehensión en contra de esta persona», señaló el funcionario, quien agregó que corresponde a las instancias ministeriales dar a conocer los detalles de las investigaciones.
En el ámbito estatal, el mandamiento judicial fue emitido el 16 de octubre de 2026 por el juez Luis Alberto Simental Ortega, dentro de la causa penal 3055/2026.
A Zuany Portillo se le atribuyen presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público, coalición y falsedad ante autoridades con penalidad agravada. En el mismo procedimiento también está involucrado el exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, señalado por presunto ejercicio ilegal del servicio público y coalición.
Sin embargo, el exfiscal de Operaciones Estratégicas promovió un amparo indirecto a finales de octubre, cuya suspensión impide por ahora ejecutar la orden de aprehensión estatal en los términos establecidos por la resolución judicial.
Operativo en la Sierra Tarahumara desató investigación
Las investigaciones tienen su origen en un operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde autoridades estatales y militares llevaron a cabo el desmantelamiento de laboratorios clandestinos dedicados a la producción de drogas sintéticas.
Al concluir el despliegue, un convoy sufrió un accidente en un camino de terracería, en el que murieron cuatro personas, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses que posteriormente fueron identificados como agentes de la CIA.
El caso generó cuestionamientos sobre la presencia de personal de inteligencia estadounidense en territorio mexicano y las condiciones legales bajo las cuales habría participado en el operativo.
En mayo pasado, García Harfuch aclaró que las investigaciones no estaban dirigidas contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, sino que buscaban esclarecer las circunstancias en las que los agentes extranjeros participaron en las acciones de seguridad.
Las indagatorias buscan determinar si existieron irregularidades en la colaboración con personal estadounidense y establecer las posibles responsabilidades de los funcionarios que intervinieron en la coordinación del operativo.
Fuente: Xeu
