Diez años después de la desaparición forzada de Jacob Vicente Jiménez González, el sistema judicial mexicano emitió una sentencia histórica. El Juzgado Decimocuarto de Distrito en el estado de Veracruz condenó a 40 años de prisión a cinco elementos de la Secretaría de Marina, quienes participaron en el crimen ocurrido el 25 de septiembre de 2015 en el municipio de Coatzacoalcos. Se trata de Feliciano N, Anáhuac N, Héctor Emanuel N, Miguel Ángel N y Pedro Iván N, todos sentenciados por su responsabilidad en uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en el sur de Veracruz.
Jacob, un joven taxista de 27 años, fue detenido arbitrariamente junto con tres personas más por elementos de la Marina durante un operativo de seguridad en la colonia Villas del Sur. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de su paradero. Su caso ocurrió en el contexto del operativo denominado “Blindaje Coatzacoalcos”, lanzado el 26 de mayo de 2014 por el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa. Este despliegue militar y policial involucró a fuerzas federales, estatales y municipales, y derivó en múltiples denuncias por violaciones graves a derechos humanos, incluyendo al menos 30 desapariciones forzadas en la región.
La sentencia del juez federal no solo representa una condena penal, sino también una medida de justicia que trasciende lo jurídico. El fallo establece que la Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada, debe continuar de forma inmediata y efectiva con la búsqueda de Jacob. Asimismo, ordena a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas brindar atención psicológica y psiquiátrica especializada a su familia, además de indemnización por daño material e inmaterial en un plazo no mayor a un año.
Por si fuera poco, el fallo exige también una respuesta institucional a la altura de los agravios cometidos: las tres corporaciones involucradas en el operativo —la Fuerza Civil, la Secretaría de Seguridad Pública del estado y la Policía Naval— deberán realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad como garantía de no repetición. La decisión judicial tiene un carácter ejemplar, no sólo por castigar a miembros de las fuerzas armadas, sino por obligar al Estado a reconocer su responsabilidad estructural en estos crímenes.
El caso de Jacob Vicente ha sido seguido durante años por organismos nacionales e internacionales. En 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación formal dirigida a la Secretaría de Marina, que fue rechazada por la institución. Paralelamente, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió una acción urgente para exigir al Estado mexicano medidas efectivas de búsqueda y justicia. La detención de los marinos involucrados, ocurrida también en 2022, fue resultado de una orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía General de la República tras años de inacción por parte de instancias locales.
El fallo conocido esta semana no borra el dolor de una familia que ha caminado una década entre el silencio institucional, la revictimización y la ausencia absoluta de respuestas. Sin embargo, representa un parteaguas para los procesos de verdad y justicia en Veracruz, uno de los estados con mayores cifras de desapariciones del país. Por primera vez, una corte federal ha sentenciado a miembros activos de la Marina por su participación directa en una desaparición forzada.
Para los familiares de Jacob y los colectivos de búsqueda que los han acompañado, esta sentencia no es el cierre de un ciclo, sino una promesa pendiente de cumplimiento: que el Estado no sólo castigue, sino que repare, busque y garantice que jamás se repita.
Con información José Vargas.
