Una auditoría realizada al gobierno de Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista y actual gobernador de Morelos, ha revelado presuntas irregularidades en el manejo de más de 40 millones de pesos destinados a obras públicas y programas sociales.
Auditorías detectan inconsistencias
El análisis de los recursos, llevado a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y otras instancias estatales, encontró inconsistencias en contratos asignados, ejecución de proyectos y la justificación del gasto público. Entre los puntos destacados se mencionan:
• Obras inconclusas o inexistentes pese a haber recibido pagos completos.
• Falta de documentación que respalde el uso de los recursos.
• Contratos asignados de manera directa sin cumplir con los procesos de licitación establecidos por la ley.
Señalamientos a dependencias clave
La Secretaría de Obras Públicas y otras dependencias del gobierno estatal han sido señaladas por estos presuntos actos de corrupción. Entre las irregularidades más graves se encuentran desvíos de fondos destinados a infraestructura básica y programas sociales dirigidos a comunidades vulnerables.
Respuesta del gobierno estatal
Hasta el momento, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco no ha emitido un comunicado oficial para responder a estos señalamientos. Sin embargo, representantes de la oposición y organismos civiles han exigido transparencia y sanciones para los responsables.
Llamado a la justicia
Diputados locales y federales han solicitado a las autoridades correspondientes que se investiguen a fondo estas irregularidades y, de ser necesario, se apliquen sanciones administrativas y penales. Por su parte, los ciudadanos de Morelos han manifestado su preocupación por el uso indebido de recursos públicos y han pedido que se priorice la rendición de cuentas en la administración estatal.
Impacto en la administración de Blanco
Este escándalo se suma a otros episodios polémicos que han marcado la gestión del gobernador, poniendo en duda la transparencia de su administración y aumentando las críticas hacia su capacidad de gobierno. La Auditoría Superior de la Federación continuará con el proceso para determinar el alcance total de las anomalías detectadas y emprender las acciones legales correspondientes.
