El Instituto Nacional Electoral (INE) ha emitido una resolución que prohíbe al gobierno y a funcionarios públicos promover o influir en la opinión pública respecto a la posible elección de jueces y magistrados por voto popular, una propuesta que ha sido tema de debate a nivel nacional.
La decisión del INE busca garantizar la equidad en la discusión pública y prevenir el uso de recursos públicos para influir en la percepción ciudadana. Esta medida aplica a todos los niveles de gobierno, incluyendo a servidores públicos de carácter federal, estatal y municipal.
Contexto de la resolución
La propuesta de elección judicial ha sido impulsada por diversos sectores políticos como parte de una reforma al Poder Judicial. Sin embargo, el INE subrayó que cualquier promoción oficial de esta iniciativa antes de su discusión y aprobación legislativa puede considerarse como una forma de propaganda gubernamental indebida.
Sanciones en caso de incumplimiento
En caso de que algún funcionario o entidad gubernamental incumpla con la prohibición, el INE podrá iniciar procedimientos sancionadores. Las penalizaciones pueden incluir desde amonestaciones públicas hasta multas económicas.
Llamado a la imparcialidad
El instituto hizo un llamado a los actores políticos a mantener un debate imparcial y objetivo sobre el tema, permitiendo que la ciudadanía forme su propia opinión sin presiones externas. Además, reiteró su compromiso con la transparencia y la equidad en el ámbito político y electoral.
Esta resolución refuerza el papel del INE como garante del cumplimiento de la normativa electoral, asegurando que las discusiones sobre reformas de gran impacto, como la elección judicial, se realicen en un marco de respeto y equidad democrática.
