La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco ha iniciado una investigación contra 13 funcionarios estatales, incluyendo peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y agentes ministeriales, por presuntas omisiones en el procesamiento de evidencias relacionadas con el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán.
El Rancho Izaguirre fue asegurado por la Guardia Nacional en septiembre de 2024, en un operativo que resultó en la detención de diez personas y la liberación de dos víctimas de secuestro. Sin embargo, posteriormente, el colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco” descubrió en el lugar restos humanos calcinados, prendas de vestir y otros indicios que sugieren su uso como centro de entrenamiento y exterminio por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las autoridades investigan por qué ciertos indicios, como bolsas con ropa y otras pertenencias, no fueron procesados adecuadamente durante el operativo inicial. El director del IJCF, Alejandro Axel Rivera Martínez, confirmó que su institución colabora con la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer los hechos.
Este caso ha generado preocupación sobre posibles negligencias en la preservación de pruebas clave y ha puesto en evidencia la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos forenses y ministeriales en investigaciones relacionadas con el crimen organizado.
La investigación continúa en curso, y se espera que las autoridades determinen las responsabilidades correspondientes para garantizar la justicia en este caso.
