El municipio de Coalcomán, Michoacán, está en el centro de la controversia tras la difusión de imágenes y videos que muestran mantas agradeciendo a Nemesio “O”, alias “El Mencho”, líder de un grupo delictivo, por la donación de juguetes durante un evento organizado por el ayuntamiento.
El acto, encabezado por la alcaldesa Anabel Ávila Castrejón, tuvo lugar el pasado 10 de diciembre en una plaza pública abarrotada, principalmente por niños. Durante el evento, se leyó en voz alta un mensaje que agradecía a Nemesio “O” y sus hijos por el gesto. Este hecho ha generado fuertes críticas y el inicio de investigaciones por parte de las autoridades.
Reacciones gubernamentales
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, condenó públicamente lo sucedido y pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar a fondo la posible relación de las autoridades municipales con el grupo delictivo. Además, solicitó que la alcaldesa se separe del cargo mientras se realizan las investigaciones.
Por su parte, el líder del partido Movimiento Ciudadano en Michoacán, Antonio Carreño Sosa, también exigió que se investigue a Ávila Castrejón. Afirmó que, en caso de haberse cometido apología del delito, la funcionaria deberá asumir las consecuencias legales.
Investigación en curso
La FGR ha abierto una carpeta de investigación por el delito de asociación delictuosa en contra de Anabel Ávila Castrejón y otros funcionarios municipales que participaron en el acto. Según reportes, los videos del evento, donde se hace mención al líder criminal, están siendo analizados como parte de la investigación.
Aunque Ávila Castrejón ha asegurado que no participó en ninguna acción que promueva el delito, la transmisión en vivo del evento confirma su presencia y la de otros funcionarios locales, lo que podría complicar su defensa.
Consecuencias políticas y sociales
El caso ha provocado indignación entre la población y ha puesto en entredicho la gestión de las autoridades municipales. Organizaciones civiles y ciudadanos han expresado su preocupación por la posible colusión entre funcionarios y grupos delictivos, exigiendo que se aplique la ley de manera estricta.
La situación en Coalcomán refleja un desafío para las autoridades estatales y federales en su lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción en el ámbito público.
