Organismos internacionales muestran una profunda preocupación por la aprobación de la denominada “reforma judicial”, que a juicio de grupos de derecha y de sociedad civil pone en riesgo la división de poderes, el acceso efectivo a la justicia y el fortalecimiento del estado de derecho en México.
Cortes y grupos de defensa de los derechos humanos están considerando llevar el asunto a instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que sean ellos quienes emitan un opinión y, en última instancia, puedan implementar medidas correctivas si así se considera necesario.
