La reforma constitucional que prohíbe la venta y distribución de vapeadores en México ha provocado un crecimiento significativo del mercado negro de estos dispositivos. Organizaciones y activistas señalan que esta medida ha tenido consecuencias adversas, como el aumento en el acceso de menores de edad a productos diseñados exclusivamente para adultos, el fortalecimiento del crimen organizado, el cierre de negocios formales, la evasión fiscal y la reducción de alternativas legales para dejar de fumar .
Juan José Cirión Lee, presidente de la organización México y el Mundo Vapeando, afirmó que la prohibición ha trasladado toda la venta de vaporizadores al mercado negro. Antes de la modificación constitucional, muchos establecimientos operaban de forma legal bajo amparos, pero a partir de la entrada en vigor de la nueva norma, estos comercios comenzaron a desaparecer .
Además, se ha reportado que el mercado negro de vapeadores en México está controlado por grupos del crimen organizado, como los Chapitos, el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Unión Tepito, quienes generan ingresos significativos por la comercialización de estos productos .
Desde el punto de vista fiscal, la prohibición ha resultado en una pérdida de ingresos para el erario público. Según estimaciones, el gobierno deja de recaudar hasta 7 mil millones de pesos debido a la evasión fiscal asociada al mercado negro de vapeadores .
Expertos y organizaciones proponen que, en lugar de una prohibición total, se establezca una regulación que permita el control de la venta y distribución de vapeadores, garantizando la protección de la salud pública y la recaudación fiscal. En otros países de América Latina, como Perú, se han implementado marcos regulatorios que permiten el uso de estos dispositivos como herramientas para combatir el tabaquismo .
