En los últimos seis años, las dependencias gubernamentales de Veracruz, incluyendo la Fiscalía General del Estado (FGE) y los ayuntamientos, han rechazado más de 153 recomendaciones relacionadas con casos de detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y falta de acceso a derechos básicos como salud y educación. Esta tendencia, analizada por AVC Noticias con motivo del Día de los Derechos Humanos, evidencia un retroceso preocupante en el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales en el estado.
Principales Dependencias Rechazantes
1. Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP):
• Lideran la lista con 86 recomendaciones rechazadas, marcando una notable falta de compromiso hacia la protección de los derechos humanos.
2. Ayuntamientos:
• Rechazaron 35 recomendaciones, dejando a las víctimas sin soluciones efectivas.
3. Poder Judicial:
• Aunque con menor incidencia, tres recomendaciones rechazadas reflejan deficiencias en la impartición de justicia.
Un Retroceso Alarmante
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto, destacó que en años anteriores el nivel de aceptación de recomendaciones superaba el 93 %. Sin embargo, el actual panorama revela una creciente tendencia al rechazo:
• Impacto en las Víctimas:
• El incumplimiento de estas recomendaciones agrava la vulnerabilidad de quienes han sufrido violaciones a sus derechos humanos, perpetuando su situación de desamparo.
• Contradicción Constitucional:
• La negativa de las autoridades a aceptar estas resoluciones contradice lo establecido en la Carta Magna del Estado de Veracruz, que garantiza la protección de los derechos humanos.
Acciones y Consecuencias
Las recomendaciones rechazadas por la FGE han sido apeladas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en busca de justicia. No obstante, esta falta de cooperación institucional representa un agravio no solo para la CEDH, sino directamente hacia las víctimas.
“Rechazar estas resoluciones no solo afecta a la institución emisora, sino que representa un agravio directo hacia quienes han sufrido violaciones a sus derechos humanos,” subrayó Matzumoto.
