La secretaria de Buen Gobierno y Anticorrupción, Raquel Buenrostro Sánchez, expuso un presunto esquema de simulación de competencia en licitaciones públicas en el que estarían involucradas empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes habrían obtenido contratos millonarios para suministrar materiales electorales a distintas autoridades del país.
Durante su exposición en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, la funcionaria explicó que los antecedentes de esta red empresarial se remontan a 1988, cuando los hermanos constituyeron la empresa Cartonera Plástica.
De acuerdo con la información presentada, ambos comenzaron su trayectoria como funcionarios y posteriormente se incorporaron al sector empresarial para participar como proveedores de materiales electorales, inicialmente en el Estado de México.
Contratos irregulares desde finales de los años noventa
Buenrostro señaló que uno de los primeros antecedentes de controversia ocurrió en 1999, cuando Cartonera Plástica obtuvo una adjudicación presuntamente irregular para suministrar materiales al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).
Posteriormente, la empresa recibió un contrato por 63.7 millones de pesos para proveer material electoral, operación que derivó en un nuevo escándalo en 2005 y que, según lo expuesto por la secretaria, culminó con la renuncia de siete consejeros electorales.
La funcionaria presentó estos episodios como parte de los antecedentes de un esquema que habría mantenido presencia en las contrataciones de distintas autoridades electorales durante las siguientes décadas.
Red empresarial obtuvo contratos en al menos 23 estados
La secretaria explicó que, a partir de la reforma electoral de 2014 y la creación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), las empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas ampliaron su participación en las contrataciones públicas.
Según las cifras presentadas por Buenrostro, entre 2014 y 2023 esta red empresarial concentró contratos por más de 2 mil millones de pesos en al menos 23 entidades federativas.
Además, indicó que el esquema continuó durante 2024 y 2025, periodo en el que las compañías relacionadas con los empresarios obtuvieron contratos por más de 600 millones de pesos.
La exposición de la secretaria busca mostrar cómo habría evolucionado la participación de estas empresas en las licitaciones electorales, desde sus primeros contratos en el Estado de México hasta su expansión a organismos electorales de distintas entidades del país.
Fuente: Xeu
