Las oficinas de Morena en Tijuana, Baja California, fueron desalojadas por orden judicial debido a un conflicto relacionado con el pago de rentas que, según el abogado de la propietaria del inmueble, se prolongó durante cerca de cinco años y derivó en una sentencia por aproximadamente 160 mil dólares.
La diligencia se realizó el miércoles 28 de octubre en el inmueble ubicado en la calle Sinaloa de Leyva, donde fueron retirados escritorios, sillas, equipo de cómputo, documentos y otros artículos que utilizaba el partido para sus actividades.
De acuerdo con el abogado Hassan Franco Ruiz, el procedimiento judicial se originó por el incumplimiento en el pago de las rentas. El litigante sostuvo que el contrato original se celebró entre la propietaria y un particular, no directamente con Morena.
El abogado señaló que se ordenó pagar el adeudo o entregar el inmueble, por lo que se procedió con el desalojo tras no concretarse una solución formal.
Morena asegura que pagó la renta
La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Baja California, Rosina del Villar Casas, rechazó que el partido haya incumplido sus obligaciones de pago.
En un comunicado, la dirigencia sostuvo que cubrió puntualmente la renta a la persona con quien tenía el contrato de subarrendamiento, pero que esta habría dejado de cumplir sus compromisos económicos con la propietaria del edificio.
Morena afirmó que el conflicto corresponde a una controversia entre particulares y que la orden judicial afectó sus instalaciones pese a que, según su versión, el partido estaba al corriente de sus pagos.
Morena cambiará sus oficinas en Tijuana
La dirigencia estatal también informó que antes del desalojo ya contemplaba trasladar las oficinas de Casa Morena a otra ubicación, debido a que consideraba que el inmueble no reunía las condiciones adecuadas para sus actividades.
Tras lo ocurrido, el partido anunció que concretará la reubicación y que dará a conocer posteriormente la nueva dirección de sus oficinas.
El caso enfrenta dos versiones sobre el origen del conflicto: mientras la representación legal de la propietaria señala un adeudo de rentas que derivó en una resolución judicial, Morena sostiene que cumplió con sus pagos y atribuye el problema al intermediario con quien había contratado el inmueble.
Fuente: Xeu
