Yudith Gallegos, madre de una menor de 12 años, acusó a su expareja de violencia vicaria, luego de que el pasado 24 de junio un actuario y cinco abogados del padre acudieron a su domicilio para llevarse a su hija, tras la autorización de una orden de cateo en su domicilio por un juez de control, acción en la cual se llevaron a su hija y se la entregaron a su progenitor.
Gallegos señaló para La Jornada que los conflictos entre el padre de su hija comenzaron desde enero de 2016, cuando lo dejó, fecha en la cual el hombre ejerció agresiones, amenazas y manipulación para condicionarles la pensión alimenticia.
Señaló que, desde entonces, denunció a su expareja cuatro veces: la primera por el delito de violencia familiar, luego de haber recibido amenazas hacia ella y su familia en 2017; la segunda y tercera por incumplimientos de pensión alimentaria, una en 2024 y la otra en 2025, demandas que ya tienen una sentencia de pago, pero, de acuerdo a Gallegos, en ambas no se ha realizado el pago; y la última fue el pasado 29 de abril de 2026 por el delito de acecho, situación que derivó en 60 días de medidas cautelares hacia la menor.
«Había instalado un artefacto, un AirTag, en la mochila de la niña, pero ella no sabía que estaba ahí (…). Simplemente empezó de repente a hacer ruido (…). Ella (su hija), con sus manitas, empieza a buscar, se da cuenta de que estaba entre la tela de la parte de adentro de la mochila, o sea, tuvieron que descoser, introducir el AirTag y volver a coser. Fuimos a poner una denuncia porque eso es un delito que se llama acecho», detalló sobre la última denuncia.
Gallegos acusó que existen irregularidades en torno al caso, ya que dijo que su expareja llegó con las autoridades a realizar la orden de cateo, en donde las autoridades le negaron el acceso a su defensa legal durante todo el proceso de intervención.
Fuente: La Jornada
