El robo de combustibles sigue siendo una de las heridas más profundas en las finanzas de Petróleos Mexicanos. Durante el segundo trimestre de 2026, que comprende del 1 de abril al 30 de junio, Pemex reportó pérdidas por 9 mil 180 millones de pesos a causa del huachicol, la cifra más alta registrada para un segundo trimestre desde 2018. El dato, extraído de los reportes financieros de la empresa productiva del Estado, enciende de nuevo la alarma sobre un problema que parecía haber cedido terreno pero que ahora regresa con fuerza renovada.
El incremento es contundente: en comparación con el mismo periodo de 2025, las pérdidas crecieron un 15.4 por ciento en términos reales. Pero si se amplía la perspectiva histórica, el panorama resulta todavía más preocupante. Frente al segundo trimestre de 2019 —ya con el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en funciones y en plena implementación de su estrategia «cero tolerancia» al robo de combustibles— el aumento es de 665 por ciento. Un salto que habla por sí solo.
El peor trimestre desde el sexenio de Peña Nieto
Para encontrar un trimestre abril-junio con pérdidas mayores hay que remontarse al año 2018, cuando Pemex contabilizó daños por 13 mil 229.5 millones de pesos a valor presentepor concepto de robo de hidrocarburos. Ese período coincide con la recta final del gobierno de Enrique Peña Nieto, una etapa que quedó marcada precisamente por la explosión del problema del huachicol en México y que detonó el debate nacional sobre la seguridad en la red de ductos.
Que las cifras actuales se acerquen a ese umbral es una señal que los expertos no pasan por alto. El robo de combustible no es un delito menor: afecta directamente los ingresos de la petrolera estatal, impacta las finanzas públicas del país y pone en riesgo la integridad de la infraestructura energética nacional.
Tomas clandestinas en ductos: la «ordeña» detrás de los números
Francisco Barnés de Castro, director de Cifra2 Consultoría, ofrece un elemento clave para entender bien qué miden estos reportes. Según el especialista, las cifras que publica Pemex corresponden exclusivamente al combustible sustraído a través de tomas clandestinas en la red de ductos, práctica que en México se conoce popularmente como «ordeña»: perforar ilegalmente los gasoductos para extraer el hidrocarburo en tránsito.
Los montos reportados incluyen principalmente el robo de gasolina y diésel, los dos combustibles más demandados y, por tanto, los más apetecibles para las organizaciones criminales que operan este negocio ilícito. Es importante tener claro que estos números no reflejan la totalidad del problema relacionado con el mercado ilegal de combustibles en el país.
El huachicol fiscal: el fraude que no aparece en las cuentas de Pemex
Barnés de Castro pone sobre la mesa otro dato que suele perderse en el debate público: los reportes financieros de la petrolera no contabilizan el llamado huachicol fiscal, una modalidad completamente distinta al robo físico de hidrocarburos.
Este tipo de fraude consiste en introducir combustibles al territorio nacional sin pagar los impuestos correspondientes, o bien declararlos bajo una categoría diferente —como aditivos— para reducir el pago de aranceles y así comercializarlos con una ventaja de precio desleal frente a los canales legales. Se trata de una forma de contrabando que no deja perforaciones en los ductos, pero que erosiona igual de grave los ingresos fiscales del Estado y distorsiona el mercado energético.
Al no estar incluido en las cifras de pérdidas que reporta Pemex, el huachicol fiscal representa una dimensión del problema que permanece, en buena medida, invisible en los balances oficiales.
Un problema estructural que no cede
Lo que revelan estos números es que el robo de combustibles en México sigue siendo un desafío estructural que trasciende sexenios y estrategias de gobierno. A lo largo de los últimos años, las autoridades han anunciado en diversas ocasiones avances en la lucha contra este delito, pero los datos de Pemex muestran que la recuperación es frágil y que los grupos delictivos tienen capacidad de adaptarse y recuperar terreno.
El costo no es solo económico. Cada toma clandestina representa también un riesgo de explosión o derrame que pone en peligro a comunidades enteras. Las zonas con mayor incidencia de ordeña —regiones de Puebla, Guanajuato, Hidalgo y Veracruz, entre otras— conocen bien ese riesgo.
Fuente: Xeu
