La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió a desmentir que exista un plazo perentorio para que Estados Unidos remita a México las evidencias relacionadas con las acusaciones que pesan sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como sobre el senador Enrique Inzunza, el alcalde con licencia Juan de Dios Mendívil y otros seis exfuncionarios del estado. La declaración de la mandataria se produce en un momento en que el conteo de días se convierte en uno de los puntos centrales del debate político y jurídico en torno al caso.
El argumento de los 60 días y la respuesta presidencial
El detonante de las declaraciones fue una pregunta directa de la prensa, que recordó a Sheinbaum que este 27 de junio se cumplen 60 días desde que se presentó la acusación. Ese dato no es menor: de acuerdo con el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, las autoridades mexicanas cuentan con un periodo de 60 días para recibir la documentación correspondiente una vez que se produce la detención provisional de una persona.
Sin embargo, la jefa del Ejecutivo federal fue enfática al marcar una distinción jurídica que, según su interpretación, cambia por completo el panorama. «No hay plazo, no hay plazo, habría plazo si fuera un juicio formal de extradición», declaró ante los medios. Con esa precisión, Sheinbaum dejó claro que el gobierno mexicano no considera que el proceso haya alcanzado la etapa en la que dicho término resultaría vinculante.
Una solicitud de detención provisional, no un proceso formal
La presidenta también se encargó de contextualizar el origen del procedimiento. Señaló que la solicitud de detención provisional con fines de extradición fue presentada por una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que, en su lectura, reduce el peso jurídico inmediato de la acción. Al encuadrar el asunto como una gestión administrativa y no como el inicio formal de un proceso de extradición, Sheinbaum relativizó la urgencia que algunos analistas y legisladores habían señalado durante las últimas semanas.
Este matiz resulta relevante porque, en el marco del derecho internacional, una solicitud de detención provisional es un mecanismo cautelar previo: permite asegurar a una persona mientras se prepara y formaliza la petición de extradición propiamente dicha. La apertura de ese proceso formal es, precisamente, lo que activaría los plazos establecidos en el tratado bilateral.
Sin evidencias entregadas: el punto de fricción entre los dos países
Otro elemento central que la presidenta puso sobre la mesa fue la ausencia de pruebas concretas por parte de Washington. Sheinbaum insistió en que el gobierno estadounidense no ha remitido a México evidencia alguna en torno al caso, y que esa carencia representa una razón de peso para rechazar la detención provisional de los señalados.
La negativa a proceder sin respaldo documental no es un capricho burocrático: en el sistema de extradiciones, la entrega de evidencias es la columna vertebral del proceso. Sin ella, cualquier detención quedaría jurídicamente en el aire, expuesta a impugnaciones y, eventualmente, a ser declarada improcedente. En ese sentido, la postura del gobierno mexicano apunta a no mover ninguna pieza hasta que Estados Unidos cumpla con su parte del procedimiento.
¿Qué sigue si se desestima la solicitud?
Consultada sobre los posibles escenarios, la mandataria abrió la puerta a una continuación del proceso por otra vía. En caso de que México rechace la detención provisional por falta de evidencias, Sheinbaum indicó que Estados Unidostendría la opción de abrir un juicio formal de extradición y proseguir por esa ruta. Ese camino implicaría un proceso más largo, con etapas definidas, participación de tribunales y, en ese momento sí, plazos legales precisos para cada parte.
El panorama, entonces, queda trazado en dos direcciones posibles: o Washington entrega las evidencias y el proceso avanza bajo las condiciones actuales, o la solicitud provisional cae y el caso se redirige hacia un juicio extradición formal, con todo lo que eso implica en términos de tiempos y procedimientos diplomáticos.
El peso político del caso en Sinaloa
El caso involucra figuras de primer nivel en la política sinaloense. Rubén Rocha Moya llegó al gobierno de Sinaloaen 2021 respaldado por Morena y solicitó licencia ante el escenario que ahora enfrenta. Enrique Inzunza ocupa una curul en el Senado de la República, mientras que Juan de Dios Mendívil ejercía como alcalde antes de separarse del cargo. A ellos se suman seis exfuncionarios cuya identidad no fue precisada en las declaraciones de la presidenta, pero que forman parte del expediente que manejan las autoridades del Departamento de Justicia estadounidense.
La naturaleza de las acusaciones no fue detallada por Sheinbaum durante la conferencia, y el gobierno mexicano ha mantenido una postura de cautela institucional al respecto, alineada con su argumento central: sin pruebas formales en mano, no hay razón jurídica para actuar.
Fuente: Xeu
